General (R) Alejandro Alberto Díaz Bessone
Escuchamos a diario que lo que se esta viviendo en Rosario “no pasó nunca”. Seguramente, quienes lo afirman deben tener menos de 60 años y eran muy pequeños para recordar lo ocurrido hace medio siglo. Para colmo la verdad histórica ha sido ocultada mediante una falsa e ideologizada “memoria” que en nada ha ayudado a la Unidad Nacional proclamada en el Preámbulo de nuestra Constitución.
Lo que sucede hoy en Rosario también aconteció en la década del 70 pero en una escala de violencia mucho mayor. En ese entonces, en lugar de “narco terroristas” tuvimos “terroristas de izquierda” que pretendían tomar el poder por la fuerza, tanto durante el gobierno democrático como después durante el régimen militar. “Creo que para lograr la patria socialista vamos a tener que matar a no menos de 1.000.000 de personas” Mario Roberto Santucho, Comandante del ERP a su hermano Asdrúbal.
Sólo algunos casos útiles para tener una vaga idea de la agresión sufrida: En octubre de 1975 en Rosario (actual territorio narco) se quemaron más de cien colectivos y un tren en que viajaban 800 personas. Un coche bomba dejaba 11 muertos. Fueron asaltados comercios, bancos, fábricas y hasta el cuartel del Batallón de Arsenales 121 de San Lorenzo el 13 de abril de ese año.
Asesinaron a mansalva a decenas de civiles, entre otros la Sra. Dora Elcira Cucco de Ayala dueña de un kiosco que fue una de las víctimas del atentado donde murió el General Sánchez, o el Ingeniero Raúl Alberto Amelong, padre de 11 hijos y gerente de Acindar, que fue muerto el 4 de julio de 1975 cuando lleva a su hija y una amiga en pleno centro de la ciudad. A ellos debemos agregar a numerosos integrantes de Policía de Santa Fé y miembros del Ejército.
En el resto del país, colocaban bombas como en la Superintendencia de Seguridad Federal, dejando 23 muertos y más de 100 heridos. Se asesino a decenas de empresarios y civiles, entre ellos Rota (Fiat), Serragám (IKA), Velazco (Sancor), Sadiletzky (Swift), el Dr. Soldati. Sin mencionar a personal policial y de las FFAA, como el capitán Viola y su hijita.
Hubo combates en Tucumán donde se desmanteló 68 campamentos guerrilleros y el Ejercito y las FFSS velaron a sus héroes muertos, esos mismos que el gobierno anterior prohibió recordarlos. En las ciudades hubo cientos de atentados, secuestros, copamientos de comisarias y cuartes. Tuvimos en esos años muchas víctimas inocentes, ciudadanos comunes como los de Rosario hoy.
Frente a esas terribles circunstancias de la guerra revolucionaria emprendida por los terroristas, las FFAA en cumplimiento del Decreto N° 2.772/75, firmado por el presidente en ejercicio Italo Luder y entre otros por el ministro Carlos Ruckauf, iniciaron operaciones “a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
Hoy, por haber combatido al terrorismo muchos de esos hombres, que tenían las más bajas jerarquías de las fuerzas, están presos por cumplir órdenes. Algunos llevan más de diez años detenidos sin juicio. Han pasado más de 50 años y siguen apareciendo causas nuevas en el marco de la “industria del juicio”. En estos procesos mal llamados de “Lesa Humanidad” la palabra del soldado carece de valor frente a acusadores de dudosas intenciones en hechos difícilmente comprobables con causalidades inexistentes.
Hoy, a pesar de las injusticias y el sufrimiento de sus integrantes que cumplieron órdenes de los políticos del momento, se pretende empeñar a las FFAA contra el Narcoterrorismo en una absoluta incerteza futura. ¿Qué pasará con un Gobierno con otra ideología con un poder judicial que adscribe a la mal llamada “justicia legítima? ¿se los acusará y encarcelará por haber combativo a jóvenes indefensos?
Como expresara en un artículo de La Nación del 9/9/23 el Dr Guillermo Ledesma (Miembro del tribunal que juzgó y condenó a las Juntas Militares en 1985), titulado “Las garantías constitucionales y legales no se aplican a las FFAA”. Sintéticamente señala: “Con un claro sesgo ideológico, tanto los que ejercen el poder y quienes dicen representar a los derechos humanos protegen los de algunos y procuran que esa protección no alcance a sus enemigos. La ley de obediencia debida (23.521 del 9/6/1987), estableció que los miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales que hubieran actuado en virtud de obediencia debida no eran punibles. Esa ley, que tuvo efectos pacificadores, fue declarada constitucional por la Corte Suprema el 22/6/1987 y luego inconstitucional el 14/6/2015”. “Según mi entender y el de muchos, se vulneró el principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en todos los tratados de igual jerarquía (art. 75, inc. 22, C. N.) en cuanto consideró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad”. “Algo hay que hacer para reparar esta injusta situación”.
Para emplear a las FFAA en Rosario o en cualquier otra situación semejante, sea cual fuera su función, el Congreso debe dictar leyes que acoten interpretaciones tendenciosas de forma tal de dar la debida tranquilidad jurídica a aquellos dispuestos a dar la vida por la Nación.
“CUANDO LA PATRIA ESTÁ EN PELIGRO SE RECURRE A DIOS Y AL SOLDADO. CUANDO EL PELIGRO PASA, DIOS ES OLVIDADO Y EL SOLDADO JUZGADO”.
